Por una vez anticipamos a la pareja de fiscales Canepa y Canciani y a la fiscalia genovesa anunciando las vicisitudes judiciales que protagonizarán más manifestantes del G8 en Génova: 190 avisos de término de investigación y 50 nuevas acusaciones por delitos de "devastación y saqueo".

Mostrando una clara elección política, la fiscalía genovesa ha decidido "blindar" los procedimientos judiciales contra los manifestantes del 2001: los fiscales Anna Canepa y Andrea Canciani, exonerados de sus tareas ordinarias, han sido encargados de seguir los procedimientos que conciernen las denuncias contra manifestantes exclusivamente. Los resultados de esta decisión llegan con rapidez: 190 investigaciones por hechos relacionados con las manifestaciones estan a punto de cerrarse con la petición de envío a juicio, y otros 50 manifestantes seran procesados por devastación y saqueo.

Mientras tanto, las denuncias por agresión y violencia contra agentes de la PS (policía nacional italiana), carabineros y dirigentes responsables dormitan entre las actas de la fiscalía; mientras tanto, los procesos por la Diaz y por Bolzaneto se dirigen enoxarablemente hacia la prescripción de los delitos por la lentitud jurásica con la que avanzan los procedimientos, por el cambio del tribunal judicial y por los tiempos bíblicos que está necesitando la administración y la burocracia.

Por otra parte, en alguno de los nuevos procedimientes se acusa a personas por los mismos episodios por los que estas ya habían interpuesto denuncia contra las fuerzas del orden por violencia, adquiriendo todo un sabor intimidatorio que debería causar malestar hasta en la más adormecida conciencia democrática. En esta "democrática" aplicación de la ley, la fiscalia genovesa está tomando un rol decisivo - jugando en el curso de los últimos años a equilibrios políticos en el seno de la magistradura (y no sólo aquí) - sobre la vida de 25 personas, quizás también sobre las que siguen. Es la trayectoria politica del G8 genovés que debería ser escrita por los millares de protagonistas y ciertamente no en las aulas de juicio.

En más de un año de audiencias del proceso contra los 25 manifestanstes acusados por devastación y saqueo no le han faltado ocasiones a la fiscalía para abrir investigaciones para llegar a la verdad (y esta sería su función) sobre lo acaecido en las calles de Génova en aquellos días del 2001: cuestionando la cadena de mando de la PS y de los carabineros que dio lugar a las cargas en la via Tolemaide, el uso de barras de metal y de gas prohibido por las convenciones internacionales, la reticencia y las mentiras de algunos testigos fundamentales de las inaclaradas circunstancias de la plaza Alimonda que llevaron al homicidio de Carlo Giuliani y que requerrirían la immediata reapertura de las investigaciones. Pero de todo esto no se ve ni rastro en el stakhanovismo justicialista de la fiscalía, orientada exclusivamente en evaluar hipótesis y explicaciones que inscriben el G8 de Génova como una etapa más, ciertamente de las más relevantes, de la actual ola represiva.

Queda por ver si los implicados, asociaciones, movimientos y sociedad civil una vez más haran como si nada, o si por fín se daran por aludidos, y algo se moverá.

"Cuando vinieron a buscar a los judíos, callé: yo no era judío. Cuando vinieron a buscar a los comunistas, callé: yo no era comunista. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, callé: yo no era sindicalista. Cuando vinieron a por mí, ya no había nadie para protestar". (M. Niemöller)