En Genova, cinco años después de las movilizaciones contra la cumbre del G-8, el "palacio de justicia" es todavía escenario de los juicios relacionados con esas protestas. Juicios, casi diarios, en los que están acusados tanto miembros de las fuerzas del orden como manifestantes y que pueden sentar importantes precedentes.

Mina Zapatero
Génova

De los diferentes procesos abiertos contra la policía, el que más
atención está suscitando es el de la violenta irrupción y registro de la escuela Díaz en la noche del 21 de julio 2001. 29 personas, entre ellas los más altos cargos de la policía y de los carabineros presentes en Génova, están acusadas de delitos de lesiones graves por la violencia desatada contra los detenidos en el edificio. También se enfrentan a acusaciones de calumnia y de falso testimonio por haber introducido en el
colegio dos cócteles molotov que luego la policía atribuyó a los
arrestados. Aunque la vista oral del juicio comenzó a finales de
octubre, los fiscales Zucca y Cardona, que llevan la acusación pública, presentaron más de 200 testigos. A razón de dos sesiones semanales el juicio se anuncia largo.

El otro gran proceso es el que aborda la violencia en el centro de detención de Bolzaneto, cuartel en el que más de 300 manifestantes de toda Europa fueron duramente maltratados. Aunque la violencia que relatan los manifestantes fue sistemática, los testigos solo han podido identificar a 45 funcionarios. Pese a la gravedad de los hechos, los
acusados no arriesgan grandes penas. La legislación italiana no recoge el delito de "tortura" por lo que los delitos imputados son menores. Y dada la lentitud del proceso, este sumario puede terminar sin fallo judicial ya que los delitos juzgados prescriben dentro de dos años y medio.

Cabe también destacar el juicio contra Alessandro Perugini por la
difundida escena en la que le da una fortísima patada en la cara a un joven ya tirado en el suelo y rodeado de policías. En el momento de los hechos Perugini era el vice-jefe de la jefatura de Génova, y a pesar de estar también acusado en el proceso de Bolzaneto, ha sido ascendido a mando de la DIGOS (policía política). No es ninguna excepción: la mayor parte de los altos cargos que dirigieron la represión en Génova han sido premiados por su actuación.

Sin embargo de entre los juicios iniciados contra la policía, brilla por su ausencia el del carabinero que disparó mortalmente a Carlo Giuliani. El sumario nunca pasó de la fase de instrucción y la jueza E. Daloiso lo cerró concluyendo que el agente había actuado en legítima defensa. Para los grupos antirrepresivos italianos, la impunidad del carabinero que durante una protesta apunta un arma contra la cabeza de un manifestante sienta precedente.

Juicios contra los y las manifestantes

Pero en Génova, también están siendo juzgadas las masivas movilizaciones contra la Cumbre. Si bien las acusaciones han dado lugar a un centenar de juicios llamados menores, el conocido como proceso contra los 25 puede significar un enorme cambio. En este juicio, los fiscales Canepa y Canciani imputan a 25 manifestantes los delitos de "devastación y saqueo"
y solicitan condenas de 8 a 15 años de prisión. Para los
abogados defensores, la aplicación de este tipo de graves acusaciones contra manifestantes es una peligrosa novedad y temen que, si el resultado de este proceso "test" es positivo para la acusación, se desencadene una avalancha de juicios. En la jefatura provincial de la policía de Génova, la oficina "Ufficio-G8" continúa aún hoy investigando e identificando a manifestantes. A juicio de los grupos de apoyo a los acusados, es significativo que la pena que enfrentan estos manifestantes
por haber sido fotografiados rompiendo vidrios es mucho mayor que la que arriesga cualquiera de los acusados de las fuerzas del orden. Resaltan también que este juicio se encuentra más avanzado que cualquier otro. En más de año y medio de vistas, ya han declarado casi todos los testigos de la acusación y ahora está previsto que empiecen los testigos de la defensa. Aunque, a finales de febrero este juicio fue aplazado seis meses
por razones administrativas, esto no tendrá apenas consecuencias ya que la gravedad de los delitos impone un plazo de prescripción de 15 años.

El otro proceso que, a juicio de las defensas, marca un siniestro
precedente, es el de 13 activistas de la "Rete del Sud Ribelle". En base a escuchas telefónicas realizadas antes de la cumbre del G8, estos manifestantes están acusados de asociación subversiva, conspiración y asociación con ánimo de delinquir en el contexto de las protestas.

publicado en: El Diagonal, 30.03.2006